Por medio de la Resolución 19/2023 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional creó la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, la cual tendrá por objeto coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, así como también recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
De la misma manera, también tendrá entre sus funciones desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas del Ministerio de Seguridad; elaborar un mapa de situación, a fin de detectar “zonas calientes”, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales; y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos ambientales.
A la vez, deberá suministrar apoyo técnico-administrativo para el funcionamiento de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, producir actas y documentación respaldatoria de lo trabajado en ese ámbito, gestionar la designación de los representantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que participen de la misma, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Resolución; y tomar vista y analizar las causas judiciales en materia de delitos ambientales a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
Cabe señalar que la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales (creada en el marco de la presente Resolución) tendrá por objeto principal detectar y prevenir las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal, para un abordaje integral y multiagencial de la investigación de los mismos.
Sus integrantes, en tanto, actuarán sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna.
