Con 28 votos a favor, 10 abstenciones y 6 negativos, la propuesta de la diputada justicialista Matilde Bruera obtuvo media sanción y pasó al Senado provincial, informaron fuentes legislativas.

El proyecto contempla el pago de una reparación mensual equivalente a dos pensiones no contributivas de las que otorga la provincia, a quienes “acrediten haber sido víctimas de persecución sistemática”, explicó la diputada.

Bruera sostuvo que la comunidad travesti-trans no solo fue “castigada en la dictadura, sino durante la democracia, desde 1983 hasta 2010, cuando se derogó el Código de Faltas”.

Esa norma permitía la detención un período de entre 20 y 60 días de las personas que estuvieran en la vía pública “vestidas con ropas que no corresponden a su género”.

La Policía santafesina tenía entonces una dependencia llamada Moralidad Pública que, según dijo Bruera, “manejaba la persecución y la recaudación, porque era una caja negra del ejercicio de la prostitución, el juego clandestino y la comunidad travesti-trans”.

También la legisladora puntualizó que la fuerza de seguridad tuvo un especial ensañamiento con este colectivo, y dijo que las personas detenidas “sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos, fueron sometidas a golpes, torturas y violaciones sistemáticas”.

La iniciativa contempla la creación de la reparación económica, para lo cual quien lo solicite debe acreditar su condición de perseguida. Para eso, el proyecto prevé “distintas vías” -especificó Bruera- para explicar que entre ellas se encuentran “la testimonial, documental, los libros de juzgados con ingresos a comisarías y prisiones policiales” de la época que contempla la norma.