La Defensoría del Pueblo de la Nación anunció que dio inicio a una investigación de oficio por la denuncia de usuarios de medicina prepaga y beneficiarios de obras sociales por el indebido cobro de honorarios particulares que están realizando algunos profesionales de la salud, así como también asociaciones de médicos y sanatorios, con motivo de los deficientes aranceles que los financiadores están efectuando.

A su vez, mencionó que asociaciones médicas difundieron un comunicado en diversos medios periodísticos donde refieren sobre la necesidad de cobrar un “adicional” porque el honorario médico pagado por empresas de medicina prepaga, obras sociales y sanatorios se encuentra por debajo de lo que ellos consideran un “honorario ético mínimo”, que actualmente está fijado en la suma de $6.000.

A partir de ello y tal como surge de ese comunicado, la diferencia entre lo que ellos consideran el “honorario ético mínimo” y lo que paga el financiador será trasladado al paciente, lo que representa en la práctica que aquel usuario de medicina prepaga o beneficiario de la seguridad social tenga, además, que abonar por una prestación que ya se encuentra cubierta por pertenecer a algunos de los sistemas de cobertura anteriormente mencionados.

“Como se observa, se trata de una medida unilateral que no encuentra sustento en ningún tipo de normativa, toda vez que, cuando el profesional de la salud ha decidido prestar servicios para una obra social o empresa de medicina prepaga, debe circunscribirse al acuerdo comercial oportunamente celebrado, aceptando los términos y condiciones allí estipuladas en donde, además de fijar el monto de honorarios a percibir por consulta médica, también se fijan los tiempos estipulados para el cobro”, señaló la Defensoría.

En ese sentido, además, agregaron que “está claro que ese acuerdo comercial que hoy consideran insuficiente, debe ser debatido de manera privada, ya sea revisando las cláusulas oportunamente firmadas, rescindiendo el contrato o, en una situación más acuciante, judicializándolo en la justicia comercial”.

Por tal motivo, solicitaron informes a la Superintendencia de Servicios de Salud para saber si han iniciado gestiones tendientes a tutelar los derechos de usuarios y beneficiarios del sistema privado y de la seguridad social; si la medida anunciada por las asociaciones médicas encuentra respaldo normativo y, en ese caso, cuáles son las normas que sustentan la medida.

De la misma manera, también se consultó cuáles son los canales de denuncia habilitados por la Superintendencia para que las personas puedan reclamar frente a “cobros indebidos” por parte de prestadores de salud que formen parte de las cartillas médicas de sus coberturas de salud.

“La Defensoría del Pueblo considera necesario adoptar medidas para garantizar la equidad y accesibilidad a la atención médica y evitar posibles abusos en la relación entre los profesionales de la salud y los usuarios del sistema de salud”, completaron en el escrito difundido.