Por medio del Decreto 89/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por un plazo de 180 días corridos -dicho período podrá ser prorrogado por única vez-, a la vez que se designó como su interventor al licenciado Juan Martin Ozores; y a la doctora Patricia Roldán y al doctor Alejandro Pereyra como interventores adjuntos.
De acuerdo a lo establecido, los flamantes funcionarios tendrán entre sus funciones elaborar un informe de estado de situación del ENACOM; relevar la totalidad de los procesos judiciales y administrativos en los cuales participe o esté involucrado como parte, tercero, o potencial tercero interesado el organismo; relevar la actual estructura del ENACOM y proponer, en caso de corresponder, las modificaciones que consideren pertinentes; determinar y redefinir la tramitación de expedientes en cuanto a Transferencias, Multas, Régimen del Reglamento de Clientes, tasas, etc; y determinar e impulsar las tramitaciones que se encuentran pendientes en el Ente relacionadas con la asignación de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros, entre otros, proponiendo y adoptando mecanismos informáticos para agilizar dichos trámites.
Según lo expresado entre los considerandos de la medida, a partir de diciembre de 2020 se verificaron “importantes decisiones” adoptadas por el ENACOM que implicarían “abiertos incumplimientos” de las disposiciones legales vigentes; y que dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas.
“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)”, se argumentó.
