Por medio del Decreto 302/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el DNU N° 690 que había sido emitido por la administración de Alberto Fernández por el cual se buscó controlar -en el marco de pandemia del coronavirus- los precios de los servicios de las telecomunicaciones (televisión por cable, telefonía e internet).
En efecto, la norma ahora derogada los había declarado como servicios públicos en competencia, se congelaron los precios, y el Estado nacional pasó a regular los eventuales incrementos que se producirían por sus servicios.
“Por el artículo 4° del mentado Decreto N° 690/20 se suspendió, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, extendiendo su aplicación a los servicios de televisión satelital por suscripción”, se recordó entre los considerandos de la medida.
Asimismo, se aclaró que “sin perjuicio de las normas excepcionales señaladas y su correlato con las medidas adoptadas, lo cierto es que el Decreto N° 690/20 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados”.
Por tanto y en cuanto al fondo de la cuestión, desde el Gobierno de Javier Milei remarcaron que también resulta importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente.
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, se resumió en el nuevo Decreto, lo cual habilitaría, en la práctica, a que las compañías de telecomunicaciones puedan disponer libremente del valor de sus tarifas.
