Por medio de un Decreto, el Gobierno porteño estableció una reducción de los montos que los vecinos deben pagar por la gestión judicial a los mandatarios para la regularización de deudas con la Ciudad de Buenos Aires en servicios como ABL, Patentes o Ingresos Brutos.
“El objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la Ciudad, deudas morosas que han contraído, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos”, expresó el alcalde porteño, Jorge Macri, tras anunciar la medida.
En ese sentido, dijo que la cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires es muy alta, pero que cuando hay crisis profundas muchos “tropiezan y quedan con deudas”. “Eso generaba un mecanismo, complejo y a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas”, agregó.
Es por ello que la decisión apunta a aportar soluciones al régimen vigente, que ha provocado que muchos vecinos terminen sumando importes desproporcionadas por estas gestiones judiciales llevadas adelante por los mandatarios (en algunos casos, incluso, con cifras de honorarios que han superado en un 260 % a las deudas).
Asimismo, Macri explicó que lo que suele suceder con este tipo de deudas cuando se judicializan es que llega la intimación e interviene un mandatario que tiene un mecanismo de honorarios que no dependía del gobierno, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA, y que generaba distorsiones muy grandes.
“Por ejemplo, un vecino con una deuda de $50 mil, tiene que pagar una suma de hasta $235 mil por la actualización de las unidades UMA. Ahora estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje. Esto significa que el porcentaje que se va a pagar al mandatario es del 20%. Si debes $50 mil, vas a pagar $10 mil por esa deuda, lo que es absolutamente razonable”, graficó.
Cabe señalar que los vecinos que actualmente mantienen deudas con el Gobierno de la Ciudad en servicios como ABL, Patentes e Ingresos Brutos, son asignados a un mandatario para que lleve adelante la gestión judicial para cobrar la deuda. El mandatario, por su parte, tiene garantizado un mínimo de honorarios sujeto a la Unidad de Medida Arancelaria -UMA, hoy de $68.285- y ese valor ha ido distorsionando la proporción entre la deuda y el costo por el trabajo realizado que se fue volviendo muy superior a la deuda.
Por tanto, el cambio que impulsa el Decreto del Jefe de Gobierno impone un tope, y que se paguen montos “razonables” en concepto de honorarios (si el honorario es mayor que la deuda, se le pone un tope: no podrá ser más del 20%).
Otro punto importante que se modifica, además, es que a partir de ahora se unifican todas las deudas en un solo reclamo judicial y se pagará honorarios a un solo mandatario -hasta ahora si alguien tenía deudas de tres servicios distintos era derivado por la AGIP a tres mandatarios distintos-.
De la misma manera y a través de una disposición de la AGIP, se elevan los montos mínimos de deudas judicializables, que son las que toman los mandatarios, con lo cual en el caso de los impuestos de Inmobiliario/ABL y Patentes el monto mínimo actual es de $148.900 y se propone elevarlo a $ 200 mil, un 34 % más.
A la vez y en simultáneo, se enviará un proyecto de ley a la Legislatura tanto para elevar esos montos mínimos de deudas judicializables como para la condonación de deudas de muy menor valor cuya ejecución resulta antieconómica para la Ciudad.
