Ley de Manejo del Fuego: Piden que se produzca un nuevo debate sobre la norma vigente

Las entidades FARER y CARSFE consideraron que resulta necesario rever aquellos artículos de la norma que “conspiran” contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad y desconocimiento. Por Cuarto Intermedio

Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) solicitaron que se dé un nuevo debate respecto a la actual Ley de Manejo del Fuego para que se puedan corregir los errores del pasado.

En ese sentido, recordaron que en diciembre de 2020 y a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años.

Esta modificación, afirmaron las entidades adheridas a CRA, nunca presentó respaldo técnico, “ni desde el más mínimo sentido común”, a la vez que consideraron que fue edificada desde un “desconocimiento total” de la problemática rural, con absoluta “arbitrariedad” y con “profundas” fisuras jurídicas.

“Cabe recordar que la Ley de Manejo de Fuego data del año 2012, pero los cambios introducidos por el kirchnerismo no separan, entre otros aspectos, un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un sinsentido. De este modo, la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa”, apuntaron FARER y CARSFE por medio de un comunicado.

Por tanto, afirmaron que la coyuntura política del momento de la sanción de estas modificaciones, sin duda alguna, dejó al desnudo la “incapacidad” del Estado para controlar el fuego y de buscar elementos lógicos y aplicables en un tema que merece atención y acción por parte de las autoridades de turno.

“En este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consigue, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen”, completaron en el escrito difundido.