Las nuevas normativas tienen por objetivo mejorar el sistema integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia; y también ofrecer más herramientas al Estado para garantizar el resguardo y la reinserción social de los menores en conflicto con la ley penal.

Cabe señalar que además del oficialismo, acompañaron a ambas iniciativas los bloques de la oposición (Unión Cívica Radical, Frente Cívico, PRO y Construyendo Córdoba), así como también la mayoría de los bloques unipersonales.

Una de las leyes aprobadas es la del Procedimiento Penal Juvenil de Córdoba, a través del cual se deroga toda disposición que se oponga a la presente o establezca un estándar de tutela inferior a los trazados en esta normativa.

La otra, por su parte, modifica y deroga diversos artículos de la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia (en definitiva, se trata de una reforma de la ley 9.944, que había sido sancionada en mayo de 2011).

Al fundamentar una de las leyes, la legisladora Victoria Busso dijo que se necesitaba dotar de reglas claras a los poderes Ejecutivo y Judicial, y de procedimientos eficientes vinculados al delito juvenil, a fines de continuar garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, vale remarcar que las leyes se sancionaron con aportes de especialistas en niñez y adolescencia; funcionarios de la Justicia; representantes de organizaciones de la sociedad civil; universidades; y los propios legisladores, entre otros actores.