Por medio del el Decreto 176/2025 publicado en el Boletín Oficial, se determinó que tanto bancos públicos y entidades que actúen como agentes financieros del Estado puedan realizar tasaciones y subastas de los bienes inmuebles que el Gobierno nacional, sus organismos descentralizados, autárquicos y empresas con participación mayoritaria estatal proyecten adquirir, vender o alquilar.

De esta manera, la nueva normativa también le otorga mayor flexibilidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es el órgano rector de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles estatales.

“Un tema central de la administración es como desprenderse de manera transparente y efectiva de sus muebles e inmuebles en desuso. En el contexto de la gran restructuración del Estado que está implementando el Presidente Javier Milei, es un tema apremiante que encuentra un cuello de botella en el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), ya que la reglamentación de la Ley 22.423 le exige que haga siempre una tasación previa”, explicó sobre la medida el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Es por ello que a partir de esta normativa, se establece que el precio base en las ventas inmobiliarias será determinado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado en función de la valuación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o por entidades autorizadas (estas entidades, se aclaró, también serán las encargadas de fijar el canon base).

Por consiguiente, se afirmó que esto impacta directamente en los ciudadanos y organizaciones que buscan adquirir propiedades del Estado, al establecer procedimientos claros y condiciones específicas para la venta directa y la regularización de ocupaciones.