La Legislatura de Córdoba sancionó la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, y la modificación del Código Procesal Penal. Los tres proyectos del oficialismo fueron apoyados por el radicalismo y sólo uno, el último por el Frente Cívico.

La FPA dependerá del Ministerio Público Fiscal, y su director será designado por el gobernador con el acuerdo del Poder Legislativo.

Para la legisladora delasotista Nadia Fernández se trata de garantizar la independencia de la fuerza.

El radical Eduardo Yuni la consideró “necesaria, pero insuficiente”. En tanto la juecista Fernanda Leiva denunció que se trata de una maniobra del gobernador José Manuel De la Sota para complicar la tarea de la Justicia Federal en el combate antidrogas, porque los magistrados deberán pedir burocráticas autorizaciones para hacer uso de la fuerza.

Por otro lado, con el apoyo de la UCR y del Frente Cívico se votó la modificación del Código Procesal Penal, con el objeto de dar mayores argumentos a los jueces para dictar prisiones preventivas, sin colisionar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.