La verdad es que resulta difícil abordar este tema con “optimismo”, dadas las circunstancias y los datos de la realidad con un crecimiento de la siniestralidad vial grave que no cede. Y no es sorprendente ya que como lo advirtiéramos en época de elecciones, ninguno de los principales candidatos consideraba el tema como “política de Estado”.
Y claramente es un severo problema la ausencia “real” del estado en la principal causa de muerte y lesiones no natural de los integrantes de nuestra sociedad. Cuando nos referimos a “real” queremos señalar que lo “declamado” debe verificarse en el terreno de los actos.
Esta causa de muerte y lesiones no natural es evitable por su propia definición ya que proviene del comportamiento social (individual y colectivo, y hasta “institucional”). Sus características también lo definen como un “problema complejo” que no resolverán soluciones “simples”. Ahora bien, “articular” acciones en un programa complejo que pretenda erradicar el problema o minimizar sus consecuencias en el tiempo, requiere de una “gestión” cuyo liderazgo necesariamente debe ser asumido por el Estado (independientemente de la voluntad o capricho del Gobierno de turno), ya que se trata del interés más general. Y esto necesariamente debe responder a una “política de Estado”.
Dicha “gestión”, liderada por el Estado, debe instrumentarse mediante un programa que contemple procesos y procedimientos, ordenados hacia objetivos de corto, mediano y largo plazo, contando con la asignación responsable de recursos humanos y materiales.
Las políticas públicas no se declaman; se planifican, se presupuestan, se ejecutan, se evalúan, se rinde cuentas, se corrigen.
El usuario de la vía pública puede pensar que el problema se soluciona simplemente con sanciones o con mayor educación, el empresario puede sostener que la inseguridad vial le resta ganancias o le genera pérdidas. EL ESTADO NO.
El Estado, por definición y naturaleza, no puede sostener una mirada individual, sino colectiva y de bien común.
El Estado, por definición y naturaleza, no gestiona “lo privado” sino “lo público”. La ganancia o pérdida no se mide en moneda primariamente, sino en vidas y muertes, en salud y enfermedad.
Insistimos: se trata de la principal causa de muerte y lesiones no natural de los integrantes de nuestra sociedad. La gravedad “objetiva” que plantea la problemática de la seguridad vial, colocando a sus consecuencias nefastas muy por encima de otras causas de muertes y lesiones no naturales (Ej.: inseguridad delictual), determina la obligación del Estado (independiente del Gobierno de coyuntura) de asumir una responsabilidad seria y profesional de contención de las víctimas y de encauzar su accionar a la erradicación del problema o la minimización de sus consecuencias.
El ESTADO (nacional, provincial, municipal) no puede ni debe “naturalizar” esta enfermedad social.
QUE EL CIUDADANO, EN SU “INCULTURA VIAL”, NO PERCIBA SU RIESGO INDIVIDUAL Y FAMILIAR, DE NINGUNA MANERA JUSTIFICA AL ESTADO PARA NO PERCIBIR EL RIESGO COLECTIVO Y SOCIAL.
CADA HORA, CADA DÍA DE INACCIÓN EFICIENTE SE MIDE EN VIDAS.
*Director ISEV.
