La Asociación de Magistrados y Funcionarios alertó sobre las dificultades de la puesta en marcha de la Ley 27.272 sancionada en septiembre por el Congreso, a raíz de los problemas en infraestructura y de recursos humanos para poder atenderla.
“Desde la sanción de la Ley 27.272 (modificatoria del procedimiento de flagrancia en el actual Código Procesal Penal de la Nación), representantes de los distintos estamentos de nuestra Asociación, mantuvieron sucesivas reuniones en el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación con las autoridades que, de alguna manera u otra, deberán tener intervención en su implementación”, comienza el comunicado difundido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
“En dichas reuniones, más allá de la buena predisposición expresada por todos los actores para que dicha reforma pudiera prosperar, se evidenciaron múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión logística (en especial traslados y alojamiento de detenidos) y de importantes carencias de recursos materiales y humanos para que dicho procedimiento pudiera llevarse a cabo en las condiciones mínimas necesarias para garantizar -cuanto menos- su normal implementación, lo que motivó al Poder Ejecutivo a suspender su publicación”, continúa.
Asimismo advirtió que durante el último encuentro plenario, los representantes de la AMFJN señalaron una vez más las falencias de distinta índole advertidas en cada uno de los estamentos que hasta la fecha no fueron solucionadas, y que también las Cámaras en lo penal de diversas jurisdicciones y fueros han expresado por medio de acordadas las dificultades que la implementación de la nueva ley acarreará sin las previsiones de rigor.
“En este contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no puede dejar de señalar su preocupación ante la inminencia de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 sin estudios previos de factibilidad y exhorta a las autoridades para que, previo poner en marcha cualquier reforma procedimental se adopten las medidas necesarias para su implementación y se dote de los recursos imprescindibles para asegurar el éxito de la misma, de modo que los múltiples actores del sistema de justicia puedan cumplir cabalmente con el rol que les asigna la ley y les reclama la sociedad, de modo tal que no se los haga cargo luego de su posterior fracaso”, finaliza el comunicado firmado por las autoridades del organismo que nuclea a los funcionarios judiciales.
