El diputado bonaerense del massismo, Ricardo Lissalde propuso que la Legislatura avance este año con la iniciativa que, en sintonía con la ley nacional, promueve una mayor transparencia en el ámbito de la gestión pública.

El diputado provincial bonaerense del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, confía en que este año finalmente se pueda aprobar el proyecto de ley de ética pública, que promueve una mayor transparencia en el ámbito de la gestión pública.

La normativa contempla para aquellos funcionarios que no la cumplan, entre otras cuestiones, la posibilidad de una intimación. “Una de las medidas que prevé para el empleador es que se le suspenda el pago de los salarios, y mientras exista la morosidad de parte del funcionario público en la presentación de sus declaraciones juradas y del cumplimiento de la ley, no puede ser mientras tanto candidato a ningún cargo público. La sanción que más duele es esa”, comentó el legislador massista.

En ese sentido, Lissalde agregó que la ley de ética pública también busca que todos los funcionarios públicos, ya sean del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, tengan la obligación de presentar no solamente sus declaraciones juradas, sino también de cumplir con el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades y de transparencia en la gestión pública.