Según las denuncias realizadas a la línea telefónica 0800-222-1717 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siete de cada diez abusadores de menores de edad pertenecen al círculo familiar de la víctima.

La estadística se elaboró a partir de las más de 3.500 llamadas que recibieron entre los meses de noviembre de 2016 y septiembre de este año, en ocasión que se lanzó la campaña nacional contra el abuso sexual y la pornografía infantil, el grooming y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, precisaron que el 44 por ciento de los casos atendidos por los profesionales de la línea -que funciona las 24 horas, los 365 días del año- fue por abuso sexual; y que en el 68 por ciento de los casos el agresor o agresora pertenece al círculo familiar de la víctima.

Asimismo, en el 40,6 por ciento el abusador es el padre, seguido en un 17 por ciento por el padrastro. En tercer lugar aparecen parientes como el tío, abuelo, hermano, la madre, la abuela o madrastra, la pareja o ex pareja, entre otros vínculos de parentesco denunciados. Además, el 13 por ciento no son familiares pero sí conocidos (vecinos, amigos, entre otros), mientras que el 19 son desconocidos.

En el informe elaborado por la cartera que conduce Germán Garavano, también se observó que las mujeres son las que más denuncian -siete de cada 10 personas que llaman a la línea son del sexo femenino-, y que el 75 por ciento de las víctimas (1.280) son niños, niñas o adolescentes; mientras que el 21 por ciento adultos (354) que pueden haber sido victimizados en su infancia.

Por otra parte aclararon que si bien la línea que funciona en la órbita del Programa «Las Víctimas contra las Violencias» no recepciona denuncias, los profesionales que la atienden brindan orientación sobre cómo y dónde radicarlas, de acuerdo a los organismos competentes en el lugar de residencia de la víctima, y también ofrecen acompañamiento y asesoramiento.

“Los llamados tienen un seguimiento y se realizan enlaces con organismos de protección local, fiscalías, asesorías, defensorías, escuelas, servicios sociales, familiares y policías, entre otros actores involucrados”, expresó la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.

De esta manera y de acuerdo al informe de los últimos 10 meses, el 45 por ciento de los casos atendidos son de la Provincia de Buenos Aires; mientras que en el segundo lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 25 por ciento de los casos. Les siguen Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.