Ante el anuncio realizado por la Presidenta Cristina Fernández de prorrogar el régimen de promoción de las inversiones, queda en evidencia que se usarán los recursos públicos para promover la concentración de capitales para unos pocos.Por Claudio LozanoDiputado de la nación

 (Cuarto Intermedio  – 19 de junio de 2009)- La decisión de Cristina Kirchner de reglamentar la ley 26.360 que prorroga y amplía el régimen de promoción de las inversiones que rigiera en base a la ley 25.924, así como las afirmaciones de ella y de su ministra Débora Giorgi respecto a lo exitoso del citado régimen y a su contribución a la creación de empleo y la agregación de valor, conforman un discurso falaz que oculta en la práctica la estrategia oficial de favorecer con recursos públicos al capital más concentrado. Es conveniente aclarar que al cabo de los seis llamados a concurso del régimen en cuestión, el monto de inversión promocionada ascendió a casi 10.000 millones de pesos con un costo fiscal de $1.800 millones, una creación de menos de 7.800 puestos de trabajo, lo cual supone una inversión de 1,2 millones de pesos por ocupado y un sacrificio fiscal de 226 mil pesos por puesto de trabajo. Se trata de 125 proyectos de inversión patrocinados por 93 empresas locales de gran envergadura, concentrándose más del 82% de los beneficios fiscales concedidos en solo 15 proyectos. En todos los casos resultaron beneficiarios grandes firmas con poder determinante en el mercado doméstico y firmas exportadoras que gozaron en los últimos años de una situación absolutamente favorable en el mercado mundial. Así, 26 proyectos patrocinados por solo 8 firmas de 5 grupos empresarios locales (Madames, Techint, Urquía, Molinos Río de la Plata y Petroquímica Comodoro Rivadavia) explican el 57% de la inversión promocionada y el 74,3 % del consiguiente centro fiscal. Cristina y Débora siguen confirmando que usarán los recursos públicos para promover la concentración, la trasnacionalización y la estructura productiva heredada de las políticas neoliberales.