Además de la causa en la que aparece salpicado de sospechas el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el juez federal Daniel Rafecas tiene por estas horas otro expediente que podría llegar a conmover ámbitos en los que el kirchenrismo tiene una presencia creciente: la Universidad de Buenos Aires.

Rafecas deberá investigar una denuncia efectuada, hace más de cinco años, por el Decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, sobre “supuestas irregularidades vinculadas a la distribución de los fondos asignados” a la casa de altos estudios.

“Se puso de manifiesto que, entre otras irregularidades, el rectorado habría otorgado una serie de subsidios sin cumplir con las normativas que rigen la materia, sobrepasando sus atribuciones, destacándose una serie de circunstancias sobre las cuales se basaba la sospecha”, resolvió la Cámara Federal al decidir que sea Rafecas quien investigue.

“No sólo se debe investigar el posible empleo indebido de fondos por parte de los representantes de las organizaciones que los recibieron sino que, a tenor de lo que surge de la presentación antes reseñada, también es objeto de la presente la supuesta entrega ilegitima de subsidios por parte de las autoridades de la citada casa de estudios”, añade el texto.

Las sospechas que rodean al expediente indican que desde la UBA se financió, mediante subsidios, la actividad política de sectores cercanos al oficialismo a nivel nacional.