El abogado Javier Miglino, fundador de la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, anunció que ya cuenta con unas 100 mil denuncias de clientes de Movistar afectados por el apagón del 1º de abril pasado.

Con la fuerza que le da esa cantidad de gente que exige un resarcimiento patrimonial, el letrado -muy afecto a las apariciones públicas y los reclamos estridentes-, adelantó que pedirá una indemnización del orden de los 500 pesos por cada abonado.

A cada uno de ellos los asistirá en la etapa inicial del eventual juicio, que tendrá muchas etapas antes de llegar a concretarse como tal y de derivar en un resarcimiento.

En el hipotético caso de que Movistar acepte pagar una indemnización (podría ofrecerla como alternativa a las multas que proyecta aplicarle el gobierno), una modesta cuota litis representaría para el (o los) abogados que lo motoricen una pequeña fortuna. Por caso, si cada abonado cobrara 500 pesos, sólo los de Miglino representarían 50 millones de pesos.

Si el abogado percibiera apenas el cinco por ciento de esa reparación, se haría de dos millones y medio de pesos sólo por impulsar el reclamo. Es por ellos, que varios colegas de Miglino ya tomaron nota de la cuenta y reflexionan que “hay para todos”, pues quedaron sin servicio más de 16 millones de usuarios.

La cifra podría ser menor si, como sugieren algunas alternativas de negociación, los 500 pesos de resarcimiento no son «en metálico» sino en minutos de comunicación. Allí, admiten, sería más difícil cobrar y mucho menos lo que podrían percibir.