Los tribunales de Comodoro Py 2002 serán escenario de un nuevo proceso judicial contra un ex Presidente de la Nación: en esta oportunidad, la actual senadora nacional y compañera de fórmula de Alberto Fernández para las elecciones de octubre, se sentará en el banquillo para afrontar su primer juicio oral -está también procesada en otras causas- en donde se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

Junto a la ex mandataria también serán juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº2 otros doce acusados, entre los que figuran los actualmente detenidos Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez.

Según los fiscales de la causa, Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, los mencionados se asociaron de manera irregular para favorecer al empresario Báez con la adjudicación de 52 obras públicas entre 2004 y 2015 en la provincia de Santa Cruz por un valor que rondaría los 46 mil millones de pesos.

La ex Presidenta, por su parte, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que negó haber participado en las adjudicaciones de obras viales en su provincia. Además, señaló que las mismas fueron desestimadas por inexistencia de delito cuando fueron denunicadas.

A continuación, el texto difundido por la ex mandataria:

“En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex Presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.

Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías.

La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz.

No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito.

Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la gobernación de la provincia.

Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial.

Las “pruebas” por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete.

Como frutilla del postre, también utilizan la “declaración” del “arrepentido” coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores.

Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio.

Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”.