La renuncia de Esteban Righi, quien fuera Procurador General de la Nación por 8 años, ha vuelto a plantear la cuestión de la necesidad de contar con un Ministerio Público Fiscal (el conjunto de los Fiscales Nacionales y Federales de todo el país) con un perfil más profesional, y de alguna manera alejado de los vaivenes propios de la actividad política de nuestro país.

A su vez, quienes hace muchos años desempeñamos esta función de representar los intereses de la sociedad en el proceso penal, entendemos que es necesario fijar una nueva agenda de cara a la gestión que se inaugure próximamente.

La conveniencia de preservar a estos magistrados de las cuestiones políticas que muchas veces se enancan en las investigaciones tiene que ver con la necesidad de que puedan tomar decisiones de la manera más libre y autónoma posible. Esa es la garantía que la Constitución y las leyes intentan preservar, y no obviamente como una garantía del Magistrado sino de las personas sometidas a proceso. La independencia y autonomía de los Magistrados Judiciales se garantiza en función de la imparcialidad que debe regir sus decisiones.

En cuanto a la temática profesional que interesa a los Fiscales, se plantean como prioritarios algunos temas institucionales y funcionales como para ser abordados en esta nueva etapa que se inicia.

Los principales son la aprobación de un Código Procesal Penal que consagre el sistema acusatorio, es decir, que prevea claramente que la dirección de la investigación de todas las causas que se inicien esté a cargo del fiscal, y que el juez de instrucción (nacional o federal) cumpla las funciones de un Juez de Garantías, como un tercero imparcial. Esta cuestión requerirá el apoyo institucional que garantice la provisión del presupuesto necesario para asumir esta responsabilidad. La instalación de este sistema procesal necesita de una estructura mayor del Ministerio Público Fiscal, ya que con la existente no podría hacer frente a la gran cantidad de investigaciones que se inician diariamente en materia penal.

También se proponen algunas reformas puntuales como el control del ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales superiores, para evitar, por ejemplo, que un pedido de desestimación por inexistencia de delito formulado por un fiscal de 1a. instancia, selle la suerte de la causa sin que un fiscal superior pueda revisarlo. Este control debería extenderse, en realidad, a todas las investigaciones, dentro de un esquema en que los fiscales podrían trabajar en grupos, como si se tratara de un estudio jurídico.

Otra cuestión que preocupa a los Magistrados es la aparición de nuevas formas de delincuencia, muchas veces con el formato de la delincuencia organizada transnacional, que reclama una participación más activa del Ministerio Público Fiscal, a través de la creación de nuevas Unidades Fiscales u Oficinas Especializadas para colaborar con las Fiscalías. En esta cuestión se mencionan, entre otros, los delitos cometidos a través de medios tecnológicos, en virtud de la especialidad que estas causas platean. También se menciona entre los fiscales del fuero federal la conveniencia de contar nuevamente con una Unidad que colabore en las investigaciones de narcotráfico.

*Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Cap. Fed www.ricardosaenz.com.ar