Según indicaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la medida tiene que ver con los inconvenientes que generó la incorrecta aplicación de la unificación de dos sistemas de liquidación de haberes -el SUAF y CUNA- que reprogramó y suspendió el pago de asignaciones familiares de cientos de miles de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

Este nuevo sistema, señaló el organismo provincial, mostró contradicciones en cuanto a las fechas y lugares de cobro de los beneficiarios, pagos desdoblados, y que personas con la misma terminación de documento cobren en diferentes días.

A raíz de ello y mediante una investigación de oficio, la Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó que la Anses se ponga al día con los beneficios adeudados, al tiempo que pidió que se suspenda la aplicación de esa modalidad de pago hasta que no se perfeccione el sistema. Paralelamente, requirió informes para conocer en detalle las causas de estas falencias y la cantidad de afectados.

“Buscamos resguardar los derechos de los beneficiarios de la Provincia, ya que esta situación se da en un contexto de una grave crisis económica, que afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes de sectores populares, que son beneficiarios de estas asignaciones, y cuya economía de subsistencia se ve gravemente afectada por la improvisación y desidia en la implementación de políticas públicas”, manifestó al respecto el ombudsman provincial, Guido Lorenzino.