Pese a la vacancia desde la renuncia de Esteban Righi, la Procuración General de la Nación, encabezada provisoriamente por el adjunto Luis González Warcalde, sigue gestionando espacios de poder y autonomía para los fiscales.

Ahora, presentó al Congreso de la Nación un “proyecto de ley tendiente a modificar el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946 y facultar allí al Procurador General de la Nación para arancelar los servicios que presta el organismo”.

De esa manera, pasarían a ser servicios arancelados “la inscripción de peritos, síndicos y martilleros, denuncias formuladas por particulares ante el Cuerpo de Auditores Judicial, expedición de certificados y testimonios, consulta a las oficinas de jurisprudencia, la impresión de la consulta de jurisprudencia efectuada por sistema informático, las solicitudes de expedición de fotocopias de resoluciones, sentencias, etc., la certificación sobre la autenticidad de las fotocopias, la venta de boletines de jurisprudencia, Certificaciones de firmas, Oficios que ingresen al archivo solicitando fotocopias, certificados, remisiones y , consulta de expedientes archivados”.

La Procuración General de la Nación apunta a la autonomía financiera, ante “la necesidad de que el Ministerio Público cuente con recursos propios para hacer frente a las distintas circunstancias de índole operativa que no siempre son recogidas en el Presupuesto aprobado para el organismo -como ocurre frecuentemente con las necesidades en materia de infraestructura edilicia-; las reformas legislativas que le adjudican mayores funciones, o el pago de peritos en casos cuya investigación se encuentra a cargo del Fiscal”.