El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, llamó a “proteger el agua utilizando todas las herramientas posibles” y aclaró que esta ley “no es para hacer minería donde no se puede” por eso “no hay que llevar por el miedo».

La ley 7.722 fue sancionada en 2007 por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua, un recurso escaso y vital. El proyecto presentado por el Ejecutivo propone una actualización, para reflejar los avances tecnológicos y de control.

Legisladores del justicialismo opositor adelantaron que aprobarían la modificación siempre y cuando se respeten “el control ambiental efectivo, el cuidado del agua, la creación de trabajo mendocino y licencia social”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti aclaró que “si bien el oficialismo tiene los números para avanzar en soledad, el peronismo, desde el Frente de Todos, está sentando posición para garantizar que no se contamine el agua que los mendocinos tomamos, y que no haya más cheques en blanco que hipotequen la provincia”.

Fernández Sagasti pidió “un control ambiental efectivo, un cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad, crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad y garantizar licencia social”.