La diputada Graciela Ocaña, fiel a su perfil “denunciante”, presentó un planteo ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Mientras en la Fiscalía platense avanza una investigación que apunta a determinar la veracidad de las versiones sobre el supuesto ofrecimiento de sobornos a legisladores provinciales en el marco de las sesiones en las que se aprobó la ley de reforma impositiva, la polémica tuvo una nueva derivación judicial, a partir de un planteo presentado ante la Suprema Corte bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad de esa norma.
El recurso fue interpuesto por la diputada nacional y ex ministra de Salud “K”, Graciela Ocaña, quien pidió al máximo tribunal de la Provincia dejar sin efecto la ley sancionada por la Legislatura ante las sospechas de presunto pago de retornos.
En la declaración presentada ante la Suprema Corte, Ocaña destaca que “los presuntos pagos efectuados a los legisladores para obtener su voto favorable han viciado el proceso de formación de la ley”.
“La norma sancionada es inválida por encontrarse presuntivamente viciado de nulidad absoluta e insanable su proceso de sanción”, destacó en el recurso interpuesto ante el Tribunal.
Ocaña subrayó, además, que “la voluntad de los legisladores, al momento de emitir su voto, se podría haber encontrado estimulada delictivamente por haber aceptado dinero o dádivas para sancionar la ley o para dar quórum, lo que configuraría el delito de cohecho”.
“El voto, en tales circunstancias, no respondería a la libre voluntad del legislador, sino al efecto censurable del pago recibido, lo que torna nulo su voto, violándose de este modo el proceso de sanción de la ley, ya que contraría lo dispuesto por la Carta Magna provincial”, subrayó Ocaña.
En el escrito también se deja constancia de que se encuentra “viciado” el proceso de votación de la ley, ya que requería para su sanción el voto afirmativo de las dos terceras partes de los legisladores, es decir, “requería el sufragio de 30 de ellos, y la propuesta contó con sólo 29 votos positivos”.
