De esa forma, el gobernador bonaerense podría aplicar medidas de ajuste como la liquidación de activos.

Tras chocar con fuertes resistencias por parte de los bloques de la oposición y de los propios legisladores del kirchnerismo, el gobierno bonaerense anunció un cambio de estrategia con respecto a la declaración de Emergencia Económica de la Provincia de Buenos Aires.

En lugar de enviar un proyecto a las Cámaras parlamentarias que contenga ese paquete de medidas pensadas para afrontar la crisis financiera, ahora impulsará una iniciativa por la que se planteará la adhesión de la Provincia a la Ley de Emergencia Económica nacional, una norma que entró en vigencia en 2002 y que fue prorrogada a lo largo de todos estos años.

A través de ese mecanismo, la administración de Daniel Scioli busca un aval legislativo a la serie de medidas anunciadas el sábado pasado, entre las que se destacan la renegociación de contratos con empresas y la liquidación de activos financieros.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien destacó que “en caso de enviar un proyecto de ley a la Legislatura, va a ser una iniciativa que plantee la adhesión a la Ley de Emergencia Económica y Financiera nacional, que se ha prorrogado nuevamente en diciembre de 2011 y a la que vienen adhiriendo algunas provincias argentinas”.

La nueva estrategia dispuesta por el Ejecutivo provincial para contar con esas herramientas administrativas que le permitan aplicar medidas frente a la crisis, llega luego de que tanto la oposición como los legisladores kirchneristas, advirtieran en los últimos días que no acompañarían un proyecto para declarar la Emergencia Económica de la Provincia, que calificaron como una “ley de ajuste”.

Con la adhesión a la Ley de Emergencia nacional, en el sciolismo estiman que esas resistencias podrían sortearse.

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense explicó que la herramienta nacional “permite renegociar contratos no laborables, otro tipo de contratos con empresas, con contratistas del Estado, de obras”.

Además, sostuvo que la ley de Emergencia “permite contar con instrumentos financieros, algunos de los cuales van a permitir acelerar esos pagos del medio aguinaldo”. En ese sentido, fuentes del Gobierno aseguraron que el monto de los BOGAR 18 que la administración bonaerense pretende negociar alcanza los 3.000 millones. Con todo, esos títulos cerraron con una fuerte baja en la Bolsa porteña.

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario fue aprobada originalmente el 6 de enero de 2002, a la salida de la crisis de 2001, con el gobierno de Eduardo Duhalde recién iniciado.

La iniciativa, que brindó las herramientas legales para iniciar la devaluación y habilitó el control de precios por parte del Gobierno, fue prorrogada ininterrumpidamente desde diciembre de 2003 (la última vez el 21 de diciembre pasado).

Según el texto de la norma, las Provincias pueden adherir a los artículos 8, 9 y 10, que disponen la renegociación de contratos de obras y servicios, entre otras cosas.