El proyecto contempla aplicar la sanción económica a toda persona humana o jurídica, que incumpla con las medidas, disposiciones, recomendaciones, resoluciones, protocolos o instrucciones de seguridad o sanitarias emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Uno de los artículos sostiene que la multa podrá ser morigerada en la mitad de la escala sancionatoria si el infractor colabora con la investigación epidemiológica, de acuerdo a los requerimientos de la Autoridad de Aplicación, en este caso el Ministerio de Salud de la provincia.

La propuesta parlamentaria se funda en la necesidad de “actuar en forma eficaz y eficiente ante la emergencia sanitaria. Todo ello, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades epidémicas y de esta forma proteger la salud de la población cordobesa”.

Además de las multas económicas, los infractores a las medidas sanitarias del aislamiento social, preventivo y obligatorio deberán responder penalmente por el artículo 205 y concordante 239 del Código Penal, causas que centraliza la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES).