El oficialismo provincial apura el tratamiento del proyecto. Pero los bloques opositores reclaman precisiones.

El martes, cuando se reúna la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados bonaerense, el oficialismo intentará que el cuerpo dé dictamen al proyecto enviado por el Ejecutivo para afectar terrenos fiscales de la Provincia de Buenos Aires al Programa Procrear del gobierno nacional, que prevé la construcción de 100 mil viviendas en todo el país. Pero se enfrentará con el rechazo de los diputados opositores, que se niegan a acompañar la iniciativa tal como está redactada.

“Si aprobamos el proyecto como está, estaremos facultando al Gobierno a utilizar a discreción, sin controles y sin criterio definido, todas las tierras de la Provincia que eventualmente sean aptas para construir viviendas. Es decir, la enorme mayoría”, explican.

El rechazo que manifiestan desde la mayoría de los bloques opositores surge como el principal obstáculo para que la Cámara de Diputados trate la norma y genera preocupación en las filas del oficialismo, que recibió en los últimos días mensajes desde la Casa Rosada y la gobernación para lograr “cuanto antes” la sanción de la ley.

Los principales operadores del FpV hicieron ya un intento para que el proyecto sea incluido en el tratamiento “sobre tablas” -es decir, sin despacho de comisiones- para la sesión convocada para el jueves que viene. La jugada, que no prosperó, requería el acompañamiento de una mayoría especial dentro del recinto, un número que hoy el oficialismo estaría lejos de tener garantizado dado el extendido cuestionamiento opositor a la norma.

El proyecto fue girado por la administración Scioli a Diputados a mediados de julio, luego de que la Casa Rosada anunciara la puesta en marcha del plan Procrear, basado en una línea de créditos para la construcción de viviendas y que supone la utilización de tierras fiscales para ese fin.

En líneas generales, el proyecto enviado por Scioli dispone la cesión de tierras de la Provincia y contempla que los municipios puedan aportar también terrenos comunales.

Tras conocer los términos del proyecto, el Frente Amplio Progresista impulsó un pedido de informes, aprobado en la última sesión de Diputados, en el que se exige al gobierno provincial que detalle toda la información que se tenga sobre terrenos fiscales que podrían ser afectados al plan, las jurisdicciones donde se encuentran, los datos catastrales, las valuaciones inmobiliarias y de mercado, entre otros puntos.

Desde el FAP marcan el contraste entre el nivel de precisión que brinda el decreto 902 del Poder Ejecutivo nacional y el proyecto del gobierno bonaerense sobre la afectación de terrenos. “Mientras en el nacional se adjunta un anexo donde se detalla cuáles son las tierras fiscales a desafectar y en que jurisdicción están, el proyecto del Ejecutivo bonaerense no especifica tierras ni jurisdicciones”, explican.

Pero el rechazo no sólo surge del FAP: tampoco el radicalismo y la Coalición Cívica están dispuestos a acompañar al oficialismo sin contar con esos datos.