Se trata de Carlos Nicolás Escandar, quien juró para ese cargo que desempeñará en la provincia de Salta.

La creación del nuevo cargo se enmarca en las políticas de “presencia activa de las víctimas en los procesos penales, a quienes por mucho tiempo se les asignó un rol de objetos de prueba; las víctimas más vulnerables que no podían pagar un abogado normalmente no eran escuchadas, eran ignoradas, no se las tenía en cuenta. Esta nueva figura tiene una misión fundacional en la ampliación de los derechos de las víctimas y en favorecer su acceso a la justicia”, explicó Martínez.

La Defensoría General de la Nación patrocina a víctimas que, por carecer de recursos, no podrían constituirse en partes querellantes en los procesos penales. Uno de los ejemplos es el juicio del policía Luis Chocobar, en que el organismo acompaña a la madre del asaltante muerto por el uniformado, Juan Pablo Kukoc.

El principal antecedente de esta figura ocurrió el 13 de julio de 2017, cuando el Congreso aprobó la ley 27.372, denominada “de los Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito”, que se estableció que las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la Justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena, mediante la asistencia jurídica gratuita, “que incluye los servicios de un abogado para defender sus derechos y para ser querellantes”.

La ley prevé que en total habrá 24 cargos en todo el país.