El ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció que el gobierno nacional omitió cumplir con el mandato de una ley sancionada hace tres años.

No se trata de la Ley de Medios Audiovisuales, sino de la de “conjueces subrogantes”, que debía recibir acuerdo del Senado para cumplir con la Constitución nacional, y de esa manera evitar colapsos judiciales por vacancias como los que atraviesan los fueros Civil, Laboral, Comercial y Civil y Comercial Federal.

En la conferencia de prensa en la que anunció la recusación contra el juez Raúl Tettamanti en la “Causa Clarín”, Alak intentó justificar que el gobierno “apostó a que el Consejo de la Magistratura cumpliera acabadamente con su labor de designar jueces, pero nadie imaginaba que iba a pasar lo que pasó con las irregularidades en la Cámara Civil y Comercial Federal en la designación de Tettamanti”.

El sincericidio encierra un doble mensaje: por un lado, el reconocimiento explícito de no haber cumplido, a sabiendas, con lo que estableció una ley. Y por el otro, una insólita ingenuidad política que podría costarle a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el mayor fracaso de su gestión si se cayera la ley de Medios.