La sancionó la Legislatura bonaerense el jueves pasado. Organismos de Derechos Humanos y sciolistas, en un fuerte contrapunto.

“La nueva ley no responde a una política de seguridad democrática y consistente y aumentará la cantidad de detenidos en condiciones absolutamente indignas”. Con esa frase, organizaciones sociales vinculadas a los Derechos Humanos lanzaron una dura embestida contra la reforma del Código Procesal Penal sancionada el jueves pasado en el Senado bonaerense que restringe las excarcelaciones a quienes sean detenidos con armas ilegales, entre otros casos.

El comunicado de repudio a la ley impulsada por el gobierno bonaerense, que firmaron la Comisión por la Memoria, el CELS de Horacio Verbitsky, la Asociación Pensamiento Penal y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, tuvo una réplica de parte de legisladores sciolistas.

“Es gente que no tiene un plan serio de seguridad porque, por suerte, no gobierna ninguna provincia ni municipio y entonces se dedica a escribir desde un lugar fácil”, disparó el diputado Guido Lorenzino.

El proyecto impulsado por Scioli con el argumento de la necesidad de sacar de circulación las armas ilegales, fue sancionado el jueves en el Senado con los votos del oficialismo, del peronismo disidente y del radicalismo y el rechazo de la Coalición Cívica y el FAP.

La iniciativa reforma el Código Procesal Penal y limita las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

Una vez aprobado el expediente, organismos de Derechos Humanos y sociales salieron a rechazar la ley, al sostener que “el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso”.

Los cuestionamientos tuvieron respuesta de parte del sciolismo, con las declaraciones del diputado Lorenzino. “Es una ley constitucional que no busca el abuso policial sino sacar las armas ilegales del circuito de la calle”. El legislador lanzó duras críticas contra la CPM y el CELS. “Ellos han sido críticos de nuestra gestión fundados en cuestiones teóricas, no en cuestiones prácticas, porque nunca han podido demostrar un resultado concreto más que criticar lo que nosotros mismo juzgamos y perseguimos que es la mala actuación policial”, dijo.