La ley, que fue aprobada con 67 votos a favor y tres en contra, declara la “emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2023”, para “garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades en las escuelas”.
Al respecto, la legisladora Sara García explicó que “los objetivos centrales apuntan a la construcción, en el corto y mediano plazo, de 100 aulas, así como a la reparación de muchas escuelas a lo largo del territorio provincial, para dar respuesta en tiempos útiles a toda la comunidad educativa”.
Con relación a la intervención necesaria que constitucionalmente tiene el Tribunal de Cuentas en los actos administrativos, señaló que el artículo 4 “dispone que resulta un instrumento suficiente la remisión que haga la Autoridad de Aplicación del Fondo al Tribunal de Cuentas del Compromiso Definitivo Global de los créditos presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal”.
García sostuvo que la ley “es un instrumento normativo que permitirá afrontar los desafíos y cumplir con obligaciones en materia de infraestructura edilicia de la mejor manera posible, de cara al próximo ciclo lectivo”.
