La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) realizó una denuncia penal contra la administración porteña por posible uso ilegítimo de los datos sensibles contenidos en la base del Registro Nacional de la Personas (RENAPER).

En ese sentido y como resultado de la investigación preliminar desarrollada por la PIA, se logró establecer que computadores del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían efectuado casi 10 millones de consultas durante los años 2019 a 2022 a la base de datos del RENAPER, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre el RENAPER y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Además, se indicó que muchas de esas consultas no estarían justificadas en los motivos que el propio convenio establecía, por lo que podrían ser consideradas “ilegítimas”.

Por otro lado, también se constató “gran cantidad” de consultas respecto a diferentes personas públicas (políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, empresarios, fiscales y jueces) sin una aparente justificación, incluidos los datos biométricos.

La investigación se inició de oficio luego de que se tomara conocimiento sobre esta cuestión a partir de notas periodísticas.