La solicitud elevada por el organismo que conduce Guido Lorenzino a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial provincial apunta a aquellos casos en que las sanciones no cuenten con sentencia firme de juzgado competente.

De acuerdo a lo argumentado, el pedido tiene que ver con los reclamos que recibe por este tema y por una serie de fallos de la Justicia que consideran inconstitucional que se exija un certificado de libre deuda por infracciones impagas para renovar la licencia de conducir.

“Estamos hablando de que el Estado debe garantizar el derecho a la circulación. La deudas motivadas por una infracción, sobre todo las que no tienen sentencia firme, y no por las aptitudes del conductor, no deben ser argumento para impedir la emisión del registro”, manifestó al respecto el ombudsman bonaerense.

Cabe señalar que la Defensoría, que ya había hecho un pedido similar en el 2015, también considera que el solo hecho de tener pendiente el pago de una infracción no tiene ninguna relación con favorecer la seguridad vial, ya que no se advierte de qué forma esto quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda proveniente de una infracción de tránsito.