A pocas horas de la caída de la “Ley Ómnibus” en el Parlamento, el Gobierno nacional comunicó su decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público prestatarias de Jurisdicción Nacional, con el fin de concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

En primer término, entonces, desde la Secretaría de Transporte resolvieron terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa -de acuerdo a lo argumentado- mayor “protagonismo” en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, se remarcó que la medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas del sector.

De igual manera, se anunció que a partir de este 2024 también se eliminará el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país -o sea, fuera del AMBA-.

“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y Gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también establecía que las provincias definirán compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”, recordaron desde la administración de Javier Milei.

Por otro lado, se aclaró que aquellas personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el atributo social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE, con lo cual se trata de una asistencia que será igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público.

Finalmente, se destacó que la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen “directamente a los ciudadanos”, sin intermediario de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan.

Cabe señalar que esta medida, además de afectar las arcas de las distintas compañías prestarías del servicio público de pasajeros, también representará un duro golpe para las jurisdicciones del país (hay quienes interpretan esta decisión como un “castigo” para los gobernadores tras lo sucedido con la “Ley de Bases”) al eliminarse el Fondo Compensador del Interior.