Tras la maratónica sesión en la Cámara de Diputados que terminó con la sanción del proyecto de reforma judicial, trascendió que el gobierno nacional tiene demorada desde hace dos años y medio la creación de un tribunal establecido por ley en 2008.
La “Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital”, creada mediante la ley 26.371, está en condiciones de funcionar desde el 15 de octubre de 2010, cuando la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recibió la lista de los candidatos para ocupar los diez cargos creados por la ley sancionada el 21 de 2008 y promulgada ocho días después mediante el Decreto 869/2008. Ese decreto fue firmado por la Presidenta; su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y su ex ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
La ley, sancionada con las firmas del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, y del ex vicepresidente Julio Cobos, determina que el tribunal “juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales orales en lo criminal, los tribunales orales de menores, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los jueces nacionales correccionales y los jueces nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal”.
En la terna de aspirantes para ocupar sus diez cargos aparecen, entre otros, Horacio Leonardo Dias, el juez que explicó las razones del fallo que condenó a 15 años de prisión al sindicalista José Pedraza por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra, y otro integrante de ese tribunal, Diego Barroetaveña.
También integran la lista de postulantes el ex presidente de la Cámara del Crimen Gustavo Bruzzone, los jueces de tribunal oral Guillermo Yacobucci, Héctor Magariños, Luis Niño, Carlos Mahiques, Alberto Huarte Petite, Luis García, Pablo Jantus, Daniel Morín y Patricia Llerena; el fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáez; los camaristas del crimen Mauro Divito y María Laura Garrigós de Rébori; el secretario de la Corte Suprema Pablo Daniel Vega, y el juez de tribunal oral de Tierra del Fuego Eugenio Carlos Sarrabayrouse.
