Dos hijos de desaparecidos se pelean en la Justicia por el dinero que el Estado le pagó a uno de ellos como resarcimiento por la desaparición de sus padres. Se trata de una hermana y un hermano, este último quien recuperó su identidad 24 años después de haber nacido en cautiverio en la ESMA.

Ambos quedaron enredados en una disputa judicial por el resarcimiento económico pagado por el Estado por la situación de sus padres, en una puja que incluso ya tuvo intervención de la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal revocó un fallo civil que ordenaba a uno de los hermanos que le pagara al otro una suma de dinero “correspondiente al 50 por ciento del total de la indemnización otorgada a aquélla por el Estado Nacional, debido a la desaparición forzada de sus padres”.

Ambos son hijos de un matrimonio de desaparecidos, secuestrados por la dictadura en 1978 en la provincia de Buenos Aires, pero la hermana mayor había sido capturada junto con su madre, quien estaba embarazada de ocho meses y -según investigaciones posteriores- parió en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.

La noticia, con los nombres incluidos, iba a ser publicada por un medio de alcance nacional. Pero los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo se enteraron antes, y le pidieron al periodista que estaba trabajando en el tema que omitiera las identidades. “Esto le hace muy mal a Abuelas”, reconocieron.

En 1997 el gobierno de Carlos Menem promulgó la ley de reparación económica para las víctimas de la dictadura, pero con un veto parcial en cuanto a la forma de percibir el resarcimiento cuando fuera identificado un nieto con posterioridad al cobro del dinero.

La hermana mayor percibió la indemnización cuando su hermano nacido en cautiverio aún no había sido plenamente identificado, aunque estaban en curso los trámites para la recuperación total de su pasado. El veto de Menem a la ley impedía una nueva indemnización para la víctima que había recuperado su identidad, por lo que reclamó judicialmente la mitad del importe que había percibido su hermana, y en primera instancia y en la Cámara Civil obtuvo fallos favorables.

La hermana, disconforme con ello, apeló ante la Corte Suprema, que en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, revocó esas decisiones.

El expediente volvió a la Cámara Civil, que deberá resolver, entre otras cuestiones, si el veto que limitó la posibilidad de un segundo resarcimiento es o no constitucional y, especialmente, si el nieto recuperado tiene derecho a la mitad de la indemnización que percibió su hermana o el Estado debe hacerse cargo de un nuevo resarcimiento por la desaparición de sus padres.