Por medio de la Resolución 4912/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación estableció la creación de la guía de buenas prácticas a fin de propender al cumplimiento eficiente de las mandas judiciales.
En concreto, el objetivo de la medida es la cooperación técnica destinada a la optimización de la equitativa cobertura de servicios de salud, bajo criterios de calidad y eficiencia, en consonancia con el Decreto 70/2023 (a la vez, se invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la resolución).
Desde la cartera que conduce Mario Lugones, en tanto, explicaron que el Sistema de Salud se caracteriza por su división en subsectores Público, Privado y de la Seguridad Social y que estos, a su vez, cuentan con sus propias fragmentaciones, tal como el subsector Público, que se divide en Nacional, Provincial y Municipal; y el subsector de la Seguridad Social, que lo conforman Obras Sociales Nacionales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Obras Sociales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Obras Sociales de las Universidades Nacionales y Obras Sociales de los Poderes Legislativo y Judicial. Finalmente, el subsector Privado, que está compuesto por las Entidades de Medicina Prepaga.
Por tanto, agregaron que estos subsistemas son transversalmente alcanzados por la judicialización de las controversias entre los usuarios de servicios de salud y las instituciones prestatarias de los servicios de salud, ya sean públicas o privadas en relación a la provisión de medicamentos y/o tratamientos médicos, utilizando para ello como remedio procesal la medida cautelar.
“Esta judicialización de la salud tiene como consecuencia el desvío de recursos en favor del que acciona judicialmente por la vía del amparo, en detrimento de la solidaridad del sistema de salud. A su vez, la falta de provisión de datos esenciales en la comunicación de una manda judicial provoca retrasos que pueden resultar en la aplicación de multas”, advirtieron desde el Ministerio de Salud.
Es por ello que mediante esta resolución se busca establecer un mecanismo de articulación con el Poder Judicial para mejorar el funcionamiento coordinado del Sistema de Salud, de conformidad con las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.
