Por medio del Decreto 1048/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía definió el cierre de cinco Fondos Fiduciarios Públicos, tras argumentar que registraron un “pésimo” uso de los recursos de la sociedad, así como también falta de controles y de resultados.

En este sentido, se dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

En relación al FONDCE, que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes, se explicó que si bien partió de una finalidad que “podía considerarse loable”, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido.

En ese sentido, se especificó que uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables, dado que al 31 de diciembre de 2023 la misma alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota. A la vez, una auditoría de la SIGEN identificó “múltiples deficiencias adicionales”, como falencias en la gestión de inversiones y su recuperación; y falta de control de las inversiones realizadas, entre otras.

Por su parte, el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas, al tiempo que la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente.

Para el caso del PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico, se observó que luego de cuatro años desde su creación no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.

En otro orden, también se encontraron “múltiples” falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos: entre ellas, se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.

Ante esta situación, entonces, la administración nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.

Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA: este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020, con lo cual y luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, se explicó que resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.

En este caso, también se advirtió que se repetían las “graves” falencias observadas en otros Fondos, tales como la ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos, a la vez que se mantenía una administración “costosa” y una “discrecionalidad” en los créditos o financiamiento otorgados.