La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares de la provincia de Mendoza, mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves.

A la vez, propone incorporar al Estatuto del Docente, al Estatuto del Celador y al reglamento del personal administrativo requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.

Para tal fin, el proyecto no solo contempla la creación de un registro público de antecedentes penales, sino que también introduce modificaciones en los procedimientos de selección para garantizar que cada candidato sea evaluado rigurosamente antes de ingresar al sistema educativo.

La propuesta también incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, al tiempo que establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, tales como la inhabilitación permanente.

Por su parte, la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación mendocino, Daniela García, explicó que la iniciativa tiene como antecedente la Ley de Educación Nacional 26.206, que invita a las provincias a adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de Niñas, Niños y Adolescentes; y mencionó que la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza esta necesidad, estableciendo el derecho de los menores a un entorno seguro en el ámbito educativo.

Vale mencionar que el proyecto de ley de ficha limpia, el cual forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para reforzar la transparencia y seguridad en el ámbito educativo, continuará en análisis en el ámbito de las comisiones.