En el marco de su sexta sesión ordinaria del año, la Legislatura de Córdoba convirtió en ley la emergencia penitenciaria vigente a nivel nacional durante tres años, la cual había sido dispuesta por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich el 17 de abril de 2024.

El proyecto, iniciado por el legislador Miguel Siciliano, contempla entre sus fundamentos la situación actual del sistema penitenciario en la provincia, y “la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública”.

Por su parte, la legisladora Nadia Fernández aclaró que la declaración de emergencia no otorga facultades extraordinarias ni discrecionales al Ejecutivo provincial, sino que por el contrario establece una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, con acciones acotadas a la gestión de infraestructura y a las condiciones de detención y coordinación interjurisdiccional.

“La participación se circunscribe a las acciones necesarias para mitigar la crisis penitenciaria dentro del marco legal vigente”, enfatizó.

Vale mencionar que, en la actualidad, el sistema penitenciario de Córdoba alberga a más de 16 mil presos y la población carcelaria continúa en crecimiento, al punto de que este 2025 aumentaría 28%.

En otro orden y en sintonía con esa problemática, la Legislatura aprobó una resolución que instruye a los senadores y diputados por Córdoba para que promuevan, ante el Congreso de la Nación y el Ejecutivo nacional, la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia para el alojamiento de presos federales, a modo de cancelación de deudas que la Casa Rosada mantiene con la provincia.