La conducción del acuerdo FAP-UCR rechaza que armados opositores lleven la nómina de los diputados Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.
Cerca de 50 listas de candidatos a legisladores provinciales y concejales que se presentaron para participar de las elecciones primarias dentro del Frente Progresista Cívico y Social bonaerense, aguardan por estas horas que la justicia electoral las autorice a competir en igualdad de condiciones con los armados oficiales. Concretamente, esperan que se les permita “pegar” sus boletas a la de diputados nacionales que lideran Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.
Esta insólita situación afecta a numerosos dirigentes del radicalismo opositores al liderazgo de Alfonsín, a nóminas de la Coalición Cívica (CC) y hasta sectores cercanos al propio candidato radical pero que no cuentan con la bendición oficial.
“Están a punto de cometer una verdadera locura. Quieren dejar sin lista de diputados nacionales a muchos dirigentes que tienen arraigo en sus distritos, y en busca de beneficiar a sus amigos, lo único que van a lograr es restarle votos a Stolbizer y Alfonsín”, evaluaban en sectores de la UCR.
La cuestión central es que los apoderados del Frente Progresista no autorizan que estas listas puedan llevar la nómina de aspirantes al Congreso; decisión que busca restarles chances frente a sus contrincantes internos que cuentan con el aval oficial.
Así, muchas de estas nóminas se verían obligadas a ir con sólo dos cuerpos de boleta: la local y la de legisladores provinciales.
En las últimas horas, la Junta Electoral provincial resolvió que todas las listas de candidatos a concejales debían ser autorizadas a adherirse a las de legisladores provinciales. Y, por consiguiente, quedarían autorizadas a llevar la de diputados nacionales.
Pero en las últimas horas, los apoderados del Frente Progresista impugnaron esa decisión ante el juez electoral Manuel Humberto Blanco, por considerar que esa pegatina a la nómina de legisladores nacionales sólo podría ser resuelta por la justicia federal.
Así, pidieron a Blanco que eleve las actuaciones a la Cámara Nacional Electoral en busca de que esas listas no puedan adherirse a la de aspirantes al Congreso nacional.