El Tribunal Oral Federal 4 le concedió ese beneficio al empresario santacruceño, previo pago de una caución de más de 632 millones de pesos. Deberá usar tobillera electrónica y no podrá alejarse a más de 100 kilómetros a la redonda del tribunal.
Mario Roberto Segovia, también conocido como “el rey de la efedrina”, continuará preso cumpliendo una condena que le impuso un tribunal oral federal de San Martín. Está detenido desde noviembre de 2008.
El represor de la última dictadura, Jorge Antonio Olivera, continuará detenido por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que tomó en cuenta que estando preso en una oportunidad anterior aprovechó para escaparse y permaneció prófugo durante cuatro años.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión domiciliaria por 60 días para el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, ante el riesgo de contagio de coronavirus. El ex magistrado está detenido por una causa en la que estaba acusado de beneficiar a narcotraficantes.
La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la feria judicial extraordinaria para decidir sobre las condenas dictadas por la represión que antecedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, el 19 y 20 de diciembre de 2001.
La Cámara Federal de Casación Penal advirtió que la situación en los penales del interior del país es diferente de los hacinamientos que se dan en algunas cárceles porteñas y en las de, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires.
Algunos de los tribunales del país continuan rechazado a granel los pedidos de prisión domiciliaria de aquellos detenidos que invocan el riesgo de contraer coronavirus en los penales.
Si bien la Cámara Federal de Casación Penal recomendó analizar los pedidos de prisiones preventivas para los presos de los grupos de riesgo, un juez rechazó de todas formas habilitar la feria judicial extraordinaria para tratar un planteo que propone sacar de los penales a todos los mayores de 65 años.
A cuentagotas, el coronavirus comenzó a desembocar en la concesión de prisión domiciliaria para detenidos, aunque en todos los casos se trata de personas sin exposición pública. Los jueces, sin embargo, aún no se animan a otorgar esas medidas con presos en causas por presunta corrupción.
La situación judicial del ex juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de haber protegido desde su cargo a una red de narcotraficantes, aparece cada vez más complicada.