La entidad presentó la medida ante la Justicia Nacional del Trabajo tras el DNU que establece una suma fija de $60 mil en relación al pago obligatorio del sector privado. “Manifestamos nuestra preocupación acerca del impacto negativo que esta medida podría tener en el sector agropecuario”, expresaron.
Confederaciones Rurales Argentinas expresó su amplio rechazo a las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno nacional al considerar que constituyen un paso más en el sentido equivocado en que se desarrolla la economía en su conjunto.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas remarcaron que los productores no tienen ni quieren el poder de policía que deben ejercer los organismos oficiales, y que la medida del organismo fue instrumentada en manera “inconsulta”.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas expresaron su preocupación ante la falta de avance por parte de las autoridades sanitarias con un esquema de vacunación que salvaguarde a la comunidad de los avicultores de la posibilidad de extinción como sector productivo.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas se presentaron una serie de ideas con el propósito de contribuir para la construcción de “una Nación mejor”. “Durante este tiempo, hemos sido testigos de cómo el sector privado productivo ha sido desplazado por el accionar del Gobierno Nacional”, afirmaron.
Confederaciones Rurales Argentinas sostuvo que las decisiones judiciales se tramitan y juzgan dentro del propio sistema, y que los demás poderes de la República deben velar por su independencia, respetando y no presionando o denostando su funcionamiento.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas expresaron su preocupación ante la postergación de decisiones de inversión, dada la incertidumbre cambiaria agravada en el último mes, a lo que se le agrega la sequía y la incertidumbre pre-electoral hasta las PASO.
Apicultores integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas manifestaron sentirse “discriminados” ante lo que consideraron que fue una “distribución discrecional” días pasados del Fondo de Fortalecimiento Apícola por parte de la Secretaria de Agricultura de la Nación.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas advirtieron que la afirmación de Agustín Rossi sosteniendo que la violencia política comenzó en 2008 con lo que denominó «conflicto agropecuario», resulta una descalificación “grosera y falaz”, que “elude la verdad histórica” sobre la real violencia política y sus generadores.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas apuntaron contra la administración de Alberto Fernández por haber anunciado una serie de medidas tributarias y crediticias el 31 de enero pasado, antes del agravamiento de la sequía, y que hasta el momento se ha implementado “poco y nada”.