La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “abstracto” el reclamo que había hecho el ex senador sanjuanino Juan Ruperto Godoy contra la decisión de excluirlo de Consejo de la Magistratura por no ser abogado.
El empresario Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, pidió el juicio político contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, a quien acusa de haber intervenido con parcialidad en la tramitación del juicio conocido como Oil Combustibles y de una persecución en su contra.
La designación de miembros del Poder Legislativo de San Luis en la integración del Jurado de Enjuiciamiento (Jury) y el Consejo de la Magistratura disparó críticas de diputados de la oposición, que acusaron al oficialismo del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, de “quedarse” con todas las designaciones en esos organismos de contralor judicial.
Pese a la feria extraordinaria decretada por la Corte Suprema, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, adoptó una decisión presupuestaria para “atender la adquisición de insumos de prevención e higiene” para afrontar la crisis del coronavirus.
El compañero de fórmula de Mauricio Macri formalizó su dimisión a ese cuerpo luego de los reclamos que le formularan desde el bloque del PJ de la Cámara Alta nacional tras haberse apartado del mismo.
La Justicia Federal de Morón corre serios riesgos de quedarse sin sede. El edificio en el que funcionan tres juzgados federales está a punto de ser desalojado tras un proceso judicial que lo afecta directamente.
Dos jueces “zafaron” de sus expedientes en el Consejo de la Magistratura. Ese cuerpo creado por la reforma constitucional de 1994 archivó las causas contra el juez penal Roberto Ponce y el magistrado de tribunal oral federal Daniel Obligado.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense inició el debate del proyecto que busca reformar el Consejo de la Magistratura. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara Alta provincial.
Por medio de una resolución de superintendencia, la Cámara Federal de Casación Penal le reclamó al Consejo de la Magistratura la reubicación de las dependencias ocupadas por organismos no federales ante la falta de espacio.
La medida se determinó a través de resolución conjunta celebrada entre la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar. Entre los delitos que investigarán las fiscalías porteñas figuran, entre otros, la corrupción de funcionarios y la tenencia de armas de guerra.