La ANSES informó que de las cerca de 9 millones de personas que actualmente reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, 5,6 millones se encuentran en esa condición. Por otra parte, observaron que muchos de los beneficiarios residen en aquellas provincias que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad.
Desde el organismo previsional que conduce Fernanda Raverta comunicaron que ya son 309 las Unidades de Atención Integral y oficinas de todo el país que retomaron con la actividad con un sistema de turnos programados y garantizando el protocolo sanitario vigente por la pandemia del coronavirus.
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó que hasta ahora fueron 156 las denuncias presentadas ante distintos juzgados contra estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo con el fin de captar eventuales beneficiarios del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la reapertura de esa cantidad de dependencias, las cuales se suman a las 24 que ya se encontraban atendiendo al público. De esta manera, pasarán a ser 60 las delegaciones abiertas en todo el país.
Así lo confirmaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta desde Casa de Gobierno. Según afirmaron, más del 80% del universo de los jubilados y pensionados le ganará a la inflación con este incremento.
Luego de que varias regiones del país iniciaran una nueva etapa de la cuarentena a partir de la disminución de los casos de coronavirus, desde el organismo previsional remarcaron que continúan trabajando a puertas cerradas y que la apertura de sus delegaciones se realizarán a medida que reciban la habilitación por parte de las autoridades.
La nueva directora Ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, determinó que se trabaje tanto en forma presencial como “virtual” pero sin atención al público. “El funcionamiento de esta nueva modalidad será una combinación de algunas oficinas procesando información a puertas cerradas”, aclararon.
Los legisladores deberán explicar el cruce de mensajes de texto en los que se mencionaba un supuesto pago de sobornos.
Así lo sostiene el informe anual de la Comisión por la Memoria que fue entregado a legisladores bonaerenses.