Dos condenados por la tragedia de Once sufrieron sendos reveses judiciales en sus intentos de aprovechar la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus para obtener la prisión domiciliaria.
La Justicia en lo Penal Económico le concedió al ex jefe de la Aduana de Buenos Aires, Edgardo Rodolfo Paolucci, una nueva posibilidad de obtener la prisión domiciliaria por el COVID-19. Semanas atrás, se le había rechazado esa posibilidad.
La Justicia en lo Penal Económico se sumó a los tribunales que sistemáticamente vienen rechazando los pedidos de prisión domiciliaria de imputados que argumentan el riesgo de coronavirus.
Un singular personaje de la historia más oscura de la Argentina fracasó en su intento de obtener la prisión domiciliaria bajo el pretexto de la pandemia por el coronavirus.
Nuevo revés judicial para uno de los imputados en la causa por presunto lavado de dinero de los integrantes del Grupo Austral, encabezados por el empresario Lázaro Báez: el tribunal oral federal número cuatro volvió a rechazar la excarcelación, bajo cualquiera de sus formas y fianzas, del abogado Jorge Chueco.
Algunos de los tribunales del país continuan rechazado a granel los pedidos de prisión domiciliaria de aquellos detenidos que invocan el riesgo de contraer coronavirus en los penales.
Entre quienes fracasaron en su intento de pasar a cumplir prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus figura Cristian Carro Córdoba, condenado por múltiples secuestros, entre ellos el de Cristian Schaerer, hijo del ex ministro de Salud de Corrientes, Juan Pedro Schaerer, en septiembre de 2003.
El principal acusado por la causa conocida como “Mafia de los Contenedores”, el ciudadano oriental Sung Ku Hwang, más conocido como “Míster Korea”, fracasó en su intento de obtener la prisión domiciliaria por la pandemia del coronavirus.
Si bien la Cámara Federal de Casación Penal recomendó analizar los pedidos de prisiones preventivas para los presos de los grupos de riesgo, un juez rechazó de todas formas habilitar la feria judicial extraordinaria para tratar un planteo que propone sacar de los penales a todos los mayores de 65 años.
A cuentagotas, el coronavirus comenzó a desembocar en la concesión de prisión domiciliaria para detenidos, aunque en todos los casos se trata de personas sin exposición pública. Los jueces, sin embargo, aún no se animan a otorgar esas medidas con presos en causas por presunta corrupción.