Por medio de la Resolución 254/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de dos años (se trata de la segunda extensión). En la actualidad, el sistema aloja a 11.453 personas, mientras que la capacidad establecida es de 11.361.
Según se desprende del informe de la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, el mes de marzo pasado finalizó con 11.424 personas detenidas establecimientos del Servicio Penitenciario Federal en todo el país.
El dato surge de un trabajo realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo de fiscal Alberto Gentili, en el cual se advirtió que en el período comprendido entre diciembre de 2022 y junio 2023 existen 436 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento en las cárceles federales.
Según un relevamiento elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional que encabeza el fiscal Andrés Heim, se contabilizaron 11.245 personas privadas de su libertad en el período comprendido entre junio y septiembre. Por otro lado, se observó que la capacidad de alojamiento de los establecimientos carcelarios registra una sobrepoblación del 2,8%.
De acuerdo al informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional que conduce Andrés Heim, el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y junio de 2021 culminó con una disminución de 1,2% de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios federales.
Según un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional, durante el período comprendido entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 la población carcelaria ascendía a 11.695 personas, lo que evidencia un incremento del 1,3%. También crecieron 6,7% las detenciones sin condena.
Así se desprende del informe anual sobre muertes en contexto de encierro elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim. Fueron 58 decesos en establecimientos federales. La cifra representa un aumento del 16 por ciento en comparación al 2019.
El Gobierno nacional resolvió extender esa medida por otros 180 días “ante la imperiosa necesidad de continuar garantizando el debido y normal funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal”. También fue ratificada la ex magistrada María Laura Garrigós como su interventora.
Una vez más, la Cámara Federal de Casación desestimó un pedido de prisión domiciliaria del ex agente de inteligencia de la dictadura, Raúl Guglielminetti, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.
El “ProFAPe” tendrá como objetivo realizar el diagnóstico de las necesidades de construcción, readecuación y ampliación, así como en el mantenimiento y reparación de establecimientos y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, entre otras falencias que se vayan identificando en los establecimientos carcelarios federales.