Organismos de Derechos Humanos pidieron que se modifique el texto enviado por el Ejecutivo provincial al Senado bonaerense.

La apertura de los foros públicos motorizados desde el Senado bonaerense por Gabriel Mariotto para someter a discusión los proyectos de ley vinculados a justicia y seguridad expuso una clara señal de sintonía política entre el gobernador Daniel Scioli y su vice, quienes se mostraron juntos en la jornada convocada para debatir la creación de la Policía Judicial.

Invitado por Mariotto, Scioli desembarcó en la sede de la Universidad Nacional de San Martín, donde se realizó la jornada de discusión, y emitió un explícito respaldo a los foros de debate, una iniciativa lanzada por Mariotto tras su desembarco en la presidencia del Senado, “para replicar la experiencia con la Ley de Servicios Audiovisuales”, según explicó.

Con ese gesto, Scioli despejó especulaciones sobre el supuesto malestar que habría generado en el Ejecutivo la idea de abrir foros de debate sobre los proyectos de ley vinculados a seguridad que eleva el Ejecutivo, en medio de los cortocircuitos que se abrieron en torno a la política de combate al delito del gobierno provincial.

Ante legisladores, intendentes, jueces, fiscales y representantes de organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales, Scioli elogió la iniciativa del “compañero Gabriel”, como llamó a Mariotto.

Con todo, la jornada que se desarrolló en San Martín, convocada para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo para la creación de la Policía Judicial, mostró un claro protagonismo de voces de sectores críticos a la política de seguridad del gobierno provincial.

Desde el mediodía y hasta cerca de las siete de la tarde, unos 60 expositores presentaron planteos en torno a la necesidad de modificar el proyecto impulsado por la administración Scioli. La mayoría de esas voces pidieron que el texto sea retocado en los artículos que regulan los mecanismos de ingreso a la nueva fuerza para excluir a ex miembros de la Policía bonaerense y de agencias de seguridad privada.

Esa restricción sí es contemplada en el proyecto que impulsaron organismos de Derechos Humanos, que además dispone que las designaciones de los agentes del nuevo cuerpo sean sometidas a una audiencia pública.

La postura fue presentada, entre otros, por Alejandro Mosquera, Hugo Cañón y Roberto Cipriano García, integrantes de la Comisión por la Memoria, desde donde se impulsó el proyecto original luego modificado por el Ejecutivo antes de ser enviado al Senado. En el mismo sentido se manifestaron el diputado por Nuevo Encuentro Marcelo Saín (que además pidió que la nueva fuerza cuente con “fondos reservados”), el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, y el defensor de menores Julián Axat, entre otros.

El contraste lo marcó la ausencia, dentro de la larga lista de expositores, de representantes del Ejecutivo. La jornada no tuvo, así, voces en “defensa” del proyecto de ley del gobierno provincial.

El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, ausente también del debate, remarcó luego el visto bueno a los foros de discusión de la iniciativa redactada desde su cartera. “Celebro esta decisión porque demuestra la democratización de la discusión legislativa”, dijo, en declaraciones periodísticas.