No hay aún acuerdo sobre cómo engrosar los ingresos que recibirán las comunas por el aumento de tributos.

Con el tironeo por los recursos que les llegarán a los municipios como telón de fondo, legisladores del oficialismo y la oposición debatieron junto a funcionarios del Ejecutivo el paquete impositivo que la administración provincial giró a la Legislatura y que prevé, entre otros aspectos, aumentos en varios tributos. Y sin acuerdo todavía sobre el texto final de la iniciativa, se acordó volver a analizar el tema la semana que viene mientras el oficialismo intentará que se transforme en ley el jueves 10 de mayo en ambas Cámaras.

En medio de una delicada situación financiera propia y ante el reclamo de los intendentes que recibirán este año 920 millones de pesos menos por la coparticipación de impuestos, la administración Scioli impulsa aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos para la mayor parte del comercio minorista y mayorista, las actividades bancarias y la telefonía celular, y elimina exenciones a las cooperativas que se dediquen al comercio minorista y a la TV por cable y satelital.

No sólo eso: propone incrementos en el Inmobiliario Rural y el gravamen de Sellos; y establece la emisión de un bono de 200 millones de pesos para que las comunas puedan cancelar deudas y autoriza una nueva emisión de Letras por 2.000 millones de pesos.

La Provincia de Buenos Aires estima que con esa reforma la recaudación impositiva se incrementará en 2.685 millones de pesos al año, de los cuales 1.030 millones se distribuirán entre los municipios.

Sin embargo, como la nueva presión tributaria regirá a partir del segundo semestre, los ingresos reales adicionales que recibirán las comunas serán apenas superiores a los 500 millones de pesos, es decir, lejos de los 920 millones que pretenden recuperar.

En forma paralela, intendentes del oficialismo y legisladores de la oposición -en representación de sus propios jefes comunales-, propusieron una serie de iniciativas para levantar ese piso de 500 millones de pesos.

La primera movida se produjo en el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), donde el titular de la bancada, Juan De Jesús, recibió a la ministra de Economía, Silvina Batakis, al titular de Arba, Martín Di Bella, y a los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Darío Giustozzi (Almirante Brown) y Luis Acuña (Hurlingham).

Allí, junto a otros legisladores, los intendentes propusieron elevar de 200 a 300 millones de pesos el monto del bono que se emitirá y que permitirá a las comunas atender deudas con sus proveedores. La propuesta consiguió el visto bueno de Batakis por una razón central: la medida no afecta los recursos que la Provincia prevé recaudar por el nuevo paquete.

Tras ese cónclave, el debate se trasladó al Senado donde se reunieron las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, funcionarios y legisladores de diversas bancadas.

Allí, la oposición fue a la carga con su planteo de lograr más fondos para las comunas. Surgieron así varias alternativas: elevar el porcentaje de coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural y autorizar un endeudamiento más amplio para emitir Letras -se habló de 400 millones-, fueron algunas de las propuestas.

Los funcionarios le bajaron el pulgar a estas propuestas. En el primero de los casos, porque la Provincia “no puede” resignar recursos en vistas de su delicada situación financiera. Y con relación a las Letras, porque, aseguraron, la emisión sólo puede destinarse a atender las necesidades de financiamiento del gobierno provincial, no de los municipios.