Los dispositivos ya fueron comprados por el ministerio de Seguridad. Buscan que el Servicio Penitenciario concentre esfuerzos en detenidos “por causas graves y hechos violentos”.

Mientras en la Legislatura bonaerense se discute un proyecto impulsado por el gobernador Daniel Scioli para limitar las excarcelaciones, que generó resistencias en un sector del kirchnerismo, el gobierno provincial anunció que sumará mil tobilleras magnéticas para que condenados en los penales de la Provincia de Buenos Aires cumplan su pena en la modalidad de arresto domiciliario.

La medida, que ya fue notificada a jueces y fiscales para que utilicen esa alternativa de morigeración de prisión, apunta a “concentrar esfuerzos del tratamiento penitenciario en aquellos que se encuentran detenidos por causas graves y de hechos violentos”, se explicó oficialmente.

Los arrestos domiciliarios que disponen los jueces se aplican, en general, a mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años; personas mayores de 70 años; enfermos terminales y detenidos con discapacidades. Pero además, el beneficio comprende también a aquellos casos de detenidos en los que los jueces consideran que no existe peligro de fuga y que cometieron delitos menores.

El arresto domiciliario mediante el control con pulseras magnéticas rige desde hace años en la Provincia y la profundización de su uso es uno de los reclamos recurrentes de diversos organismos de Derechos Humanos, que han cuestionado en reiteradas oportunidades las restricciones a las excarcelaciones que rigen en la Provincia.

El anuncio fue formulado en sintonía con las negociaciones abiertas entre el gobierno de Scioli y el vicegobernador Gabriel Mariotto, que permitieron destrabar el conflicto en torno al proyecto del Ejecutivo para limitar el beneficio de la excarcelación, que sería sancionado en el Senado para la sesión convocada la semana que viene.

Según trascendió, el próximo martes se convocará a un nuevo plenario de las comisiones de Seguridad y Legislación General de la Cámara Alta en el que buscarán que la iniciativa obtenga dictamen que habilite su tratamiento para la sesión del jueves.

La estrategia, destacaron en el gobierno, fue consensuada en las últimas horas con Mariotto, luego de que la sanción de la iniciativa que propone una reforma al Código Procesal Penal quedara en peligro por la falta de acuerdo en la reunión de comisiones del jueves pasado, donde los representantes del Frente Amplio Progresista (FAP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el senador kirchnerista Luciano Martini, se negaron a apoyar el despacho.