La Cámara Federal rechazó a la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, como parte “querellante” en una causa en la que se investigan presuntos actos de corrupción de efectivos de la Comisaría Quinta de la Policía Federal para brindar servicios de seguridad en los barrios del Centro, Once y Congreso a cambio de pagos ilegales por parte de particulares.

La Sala Primera del tribunal, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, desestimó un planteo de la ex fiscal Caamaño, quien “en su carácter de Secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación” aspiraba a ser querellante en una causa en la que se investiga “las conductas de personal de la Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina”.

Efectivos de esa seccional, según la denuncia que tramita en primera instancia ante el juez federal Claudio Bonadío, “recibirían ilegítimamente sumas de dinero de particulares para proporcionar una mayor presencia en esa jurisdicción -en desmedro de la organizada desde la superioridad-. Así se administrarían, se cobrarían y se dispondrían de servicios de seguridad irregulares en complicidad con los responsables de esa dependencia y se exigiría dinero a los subalternos para posicionarlos en lugares específicos”. “A su vez, se habrían desviado fondos que debían ser destinados al funcionamiento de la Comisaría”, añade la imputación.

El tribunal consideró que “no resulta procedente” que la Secretaría de Caamaño sea tomada como querellante, pues no se divida “un especial, concreto y directo perjuicio para quien pretende constituirse en parte”.

“Sin desconocer la posibilidad de que la impugnante (Caamaño) tome conocimiento de ciertos aspectos de esta investigación a los efectos de cumplir adecuadamente su función, aquí no es posible ubicar a la Secretaría que representa en el pretendido sitial de particular damnificado”, resumieron los jueces.